De manera contundente se ha ido evidenciando la profunda crisis de la política de fondos concursables en materia de cultura, que fue la gran panacea elevada en tiempos concertacionistas.
Probablemente la principal causa del fracaso de esta política sea el reducido porcentaje del presupuesto público destinado a la cultura, que en 2021 fue apenas del 0,31 %, en circunstancias que debiera ser el 1% (la aspiración declarada por el futuro gobierno de Gabriel Boric). Como Hoja en Blanco hemos propuesto que debiera ser el 2% para acercarnos a lo que Unesco identifica como aporte al PIB del sector cultural (sobre 2,6% o cifras mayores).
El presupuesto ha llegado a manifestar a gritos su insuficiencia extrema, cuando para aprobar un proyecto en la Región Metropolitana, donde se requiere un porcentaje de 100% de evaluación, casi un imposible.
De otra parte, los sistemas de evaluación vigentes dejan mucho que desear, pues revelan déficits significativos: justificaciones débiles o antojadizas, ausencia de estándares, falta de instancias de reflexiones sobre las instancias de evaluación.
Asimismo, los mecanismos de postulación vigentes son complejos, exigentes y establecen desventajas a la partida entre los postulantes según formación, experiencia, que casi dejan afuera a personas de mayor vulnerabilidad.
De otra parte, superadas las vallas previas, la financiación de un proyecto particular no apunta a generar estabilidad en el tiempo a personas u organizaciones, es de por sí puntual, y no resuelve aquellas necesidades permanentes que permitan el desarrollo.
Por ejemplo, a modo de solución, se ha propuesto desde organizaciones como Letras de Chile, la creación de líneas permanentes de financiamiento, dirigidas a las organizaciones vinculadas al libro y la lectura en ámbitos específicos. La ausencia de lógica sistémica, el desgaste de las organizaciones por concursar periódicamente para financiar programas, la concentración de fondos en unos mismos y escasos agentes, el privilegio de la competencia por sobre la colaboración, entre otras problemáticas, ponen de relieve la necesidad de terminar con la lógica de concursos de los fondos dedicados a la cultura en general, y al libro en particular.
Adicionalmente, con lógicas basales de financiamiento puede potenciarse la participación ciudadana y descentralizar la gobernanza de los recursos, alejándola de vicios partidistas y acercándose a la territorialidad efectiva.
